El pasado 4 de septiembre se registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para el fomento del Comercio Justo y el consumo responsable, que insta al gobierno a la creación de una comisión estatal que tenga como objetivo estudiar y proponer medidas que contribuyan a fomentar este tipo de comercio.

La iniciativa, registrada por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña y fruto del trabajo de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo –CECJ– y organizaciones sociales con la formación parlamentaria, tiene como pilar la creación de una comisión paritaria gobierno-sociedad civil. El grupo de trabajo estaría compuesto, por parte gubernamental, por la Agencia Española de Cooperación Internacional y otros representantes que el gobierno considera oportunos.

Por parte de la sociedad civil, formarían parte de ella los miembros elegidos por la CECJ, de manera que se asegurara la representatividad de las distintas organizaciones sociales dedicadas a promover el Comercio Justo y el Consumo Responsable en el Estado español. Asimismo, la labor de este grupo tendría como eje el reconocimiento y fortalecimiento de las organizaciones de Comercio Justo como agentes comercializadores y sensibilizadores.

Otra de las funciones que llevaría a cabo esta comisión sería la de consensuar las medidas necesarias para la implantación de la Compra Pública Ética en las administraciones públicas, organismo autónomas y demás entes públicos estatales.

Del mismo modo, la iniciativa parlamentaria contempla el envío al Congreso de los Diputados de un informe anual que recogiera los análisis, actividades y propuestas fruto del trabajo de la comisión. Este documento sería a su vez debatido por la Comisión de Cooperación Internacional, pudiendo solicitarse las comparecencias que se estimen oportunas, así como las propuestas de resolución pertinentes.

Igualmente, se plantea la necesidad de llevar a cabo una labor de concienciación de la ciudadanía, poniendo especial interés en los centros educativos. Para ello, se propone el impulso de una campaña institucional dirigida a sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de un consumo responsable, así como una serie de medidas para la difusión del concepto, de buenas prácticas de Comercio Justo y sus productos.

En el marco de esta comisión, también se trabajaría para llegar a una posición de consenso en el Estado español ante las iniciativas que respecto al Comercio Justo se impulsen en las instituciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas. En este sentido, la proposición no de ley hace referencia, en su exposición de motivos, a la Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo, adoptada en julio de 2006, en la se que señala que el Comercio Justo ha demostrado ser un modelo eficaz para el fomento del desarrollo sostenible y un instrumento importante para alcanzar los Objetivos del Milenio.